Ley 433 de 3 de mayo de 2024
Impone medidas de responsabilidad social empresarial a las promotoras de desarrollo urbanístico
Lic. Rubén M. Castillo Gill
La Asamblea Nacional promovió la Ley 433 de 3 de mayo de 2024, que obliga a las promotoras a realizar estudios sobre el impacto regional que tendrá el desarrollo de proyectos en el aumento de la población estudiantil.
Según la ley, los promotores deben contribuir con la construcción de aulas escolares.
El Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas llevarán un registro sobre el cumplimiento de esta norma.
Pese al fin loable de la norma, se evidencia un traslado de las obligaciones del Estado a promotores. Esto puede suponer en un futuro que, en otras actividades, también se deleguen obligaciones del Estado, constituyendo un procedente preocupante.
Las políticas de responsabilidad social, son desarrolladas por las empresas en base a estudios que realizan y proyectos que desean promover. Es extraño que el Estado sea quien los imponga.
¿Qué pasará en el futuro? ¿Se tomarán medidas con otras empresas?
